La
gran represión en nuestro País
La resistencia civil en
Guatemala ha sido orientada principalmente hacia la confrontación de dictaduras
militares durante el siglo XX. Dentro de este contexto, la acción no violenta
ha recibido respuestas brutales de las autoridades guatemaltecas militares y
civiles, lo cual quiere decir que antes de los años 1980, el espacio político y
los canales fueron cerrados con eficacia y todos los actos, excepto los actos
de bajo riesgo de movilización civil fueron reprimidos. Sin embargo, después de
1986, el retorno al régimen civil presentó oportunidades sin precedentes
políticos para las movilizaciones de los protagonistas civiles en conjunto,
posteriormente adoptándose estrategias de conflicto no violento, todo esto
sobre cómo los protagonistas civiles comenzaron a involucrarse en mecanismos
establecidos por el proceso de paz en Guatemala. Mientras en este contexto la
organización civil era más permitida, y la abierta violencia orquestada por el
Estado disminuyó, la violencia estatal persistió en la forma de criminalización
de algunas acciones civiles, como la criminalización de organizaciones que
trabajaban por la reforma agraria durante los años 1990 y del movimiento contra
la explotación de recursos naturales, incluyendo la minería, durante la primera
década de los años 2000.
En el conflicto armado
interno de Guatemala hubo muchas masacres hacia las comunidades indígenas por
parte del ejército guatemalteco como una medida contrainsurgente. El ejército
en estas masacres no discriminaba entre insurgentes armados, miembros del
movimiento social y el resto de la población civil. En el año de 1978 fue
cuando empezó la peor época del conflicto armado interno, ya que fue la época
más violenta, con más masacres y muertes para las comunidades indígenas. En
esta época el presidente era Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
El
Desastre en la Embajada de España
En el año de 1980, varios dirigentes campesinos viajaron a la capital para denunciar los hechos de violencia que sacudían al departamento de Quiché en ese momento. Estos dirigente campesinos intentaron convencer a los medios de comunicación para que difundieran noticias sobre la represión y los actos de violencia en el Quiché por parte del ejército bajo las órdenes del general Fernando Romeo Lucas García, pero los medios de comunicación se rehusaron a publicar noticias sobre estos eventos, ya que por razones políticas a estos no les convenía. Hubo cierre de espacios en todos los medios de comunicación para realizar la denuncia, así que estos dirigentes campesinos decidieron tomar otras medidas para su denuncia junto con otros grupos.
El 31 de enero de 1980, varios dirigentes campesinos, entre ellos varios miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), se reunieron en la capital con pobladores, miembros de la Coordinadora de Pobladores, sindicalistas, estudiantes de secundaria y universitarios miembros del Frente Estudiantil Robín García, para tratar de ocupar la embajada de España, con el fin de dar a conocer a nivel internacional los sucesos que acechaban al departamento de Quiché en ese momento y que la embajada interviniera en estos sucesos. Este grupo protestantes reunía un total de 32 personas.
La mañana del jueves 31 de enero de 1980, el grupo de protestantes de reunió en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Junto con los grupos ya mencionadas ocuparon pacíficamente las instalaciones de la Embajada de España en la Ciudad de Guatemala, con el objetivo de denunciar la represión que sufrían sus comunidades, ubicadas en el altiplano guatemalteco.
Tras de negociar con los ocupantes y llegar a algunos acuerdos, el embajador español Máximo Cajal y López intentó repetidamente comunicarse por teléfono con distintos funcionarios guatemaltecos, principalmente con el ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, para solicitar el repliegue de las fuerzas policíacas que asediaban la sede diplomática. Se encontraba todavía negociando una salida para los ocupantes, cuando el presidente de Guatemala, general Romeo Lucas García, giró órdenes de desalojar la legación, "a como diera lugar".
Violando por completo la soberanía de la representación diplomática ibérica plasmada en el texto de la Convención de Viena, el gobierno de Guatemala optó por asaltar la embajada y quemar vivas a las 37 personas que se habían refugiado en la oficina del embajador, en el primer piso del edificio. Dos personas sobrevivieron a la matanza: el embajador Cajal y Gregorio Xujá, campesino que había sido cubierto por los cuerpos calcinados de sus compañeros. Mientras Cajal logró regresar a España gracias a la solidaridad y valentía de sus colegas embajadores, Xujá fue secuestrado al día siguiente en el hospital a donde había sido trasladado. Luego de ser torturado y ejecutado, su cuerpo apareció el 2 de febrero de 1980 frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos.
De esta manera nos damos
cuenta que a pesar que ya han transcurrido 32 años desde aquel trágico jueves 31 de enero
de 1980 y sobre los hechos punibles se mantiene un manto de impunidad. Sin
embargo, siempre mantenemos la confianza en que la justicia tarda pero llega.
La oportunidad de que, por fin, conozcamos la verdad de los hechos debería ser
ahora que vivimos bajo una democracia institucional.
